• El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (CAFINCAS) alerta de que la ausencia de un/a profesional colegiado/a durante este trámite esencial para la gestión de las comunidades, suele ser un foco de conflictos vecinales debido a fallos de procedimiento, desconocimiento de la normativa y la ilegalidad de los acuerdos

• CAFINCAS elabora una lista con los errores más habituales que se cometen en estas reuniones

Las Juntas de Propietarios son el órgano de gobierno esencial para la gestión de en cualquier comunidad de vecinos, pero tanto su convocatoria como las decisiones adoptadas en el mismo y su posterior aplicación, deben realizarse acorde a la normativa vigente. Sin embargo, la ausencia de un Administrador/a de Fincas Colegiado/a que vele por la tramitación adecuada de este proceso, suele ser un foco de conflictos debido a fallos de procedimiento o desconocimiento de la normativa y por tanto en la dudosa legalidad de los acuerdos adoptados.

Por esta razón, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha elaborado una lista con los errores más habituales que se cometen en estas reuniones, con el objetivo de garantizar la legalidad de los acuerdos y fomentar la convivencia.

Según el presidente de CAFINCAS, Manuel Jiménez, “los problemas en las comunidades no suelen nacer del desacuerdo entre vecinos, sino de errores formales en la convocatoria, el desarrollo o la redacción de las actas”, y es precisamente por este motivo por el que “nuestro papel como Administradores/as de Fincas Colegiados/as es velar y evitar que esos fallos deriven en litigios costosos y en la pérdida de confianza entre propietarios”, explica.

El Consejo subraya que la figura del Administrador/a de Fincas colegiado/a es la mejor garantía de que todos esos trámites se realicen de forma correcta y en virtud de la normativa vigente y que las juntas se conviertan en espacios de diálogo y gestión eficiente.

• Convocar la junta sin el debido plazo de antelación: No respetar los plazos mínimos legales invalida acuerdos y genera impugnaciones. La falta de tiempo impide preparar documentación y limita la asistencia de vecinos. Cumplir este requisito asegura transparencia y participación.

• No incluir todos los puntos en el orden del día: Los acuerdos solo son válidos si el asunto figura en la convocatoria. Introducir temas improvisados en la reunión es habitual, pero ilegal. El orden del día debe ser concreto y completo para evitar impugnaciones.

• Celebrar la junta sin el quórum necesario: La Ley de Propiedad Horizontal exige en ocasiones un quórum mínimo para que los acuerdos sean válidos. Iniciar juntas con escasa presencia puede dar lugar a decisiones nulas y conflictos posteriores.

• No redactar correctamente el acta: El acta es el documento oficial de la reunión. Una redacción incompleta o confusa abre la puerta a disputas. Debe ser clara, precisa, cumplir los requisitos legales y estar firmada por presidente y secretario.

• Tomar acuerdos contrarios a la ley: En ocasiones, por desconocimiento, se aprueban medidas que vulneran la Ley de Propiedad Horizontal. Estos acuerdos son nulos y fácilmente impugnables. El Administrador de Fincas colegiado garantiza la legalidad.

• No respetar el sistema de mayorías: Cada acuerdo exige una mayoría distinta (simple, cualificada o unanimidad). Confundir estos porcentajes es un error muy común que invalida decisiones. El asesoramiento profesional evita fallos en este punto clave.

• Permitir que voten propietarios morosos: La ley prohíbe votar a quienes tienen deudas con la comunidad. Ignorar esta limitación invalida acuerdos y perjudica la equidad. Verificar la situación de pagos antes de la reunión es esencial.

• Convertir el turno de ruegos y preguntas en acuerdos: El turno de ruegos y preguntas tiene carácter informativo, no deliberativo. Adoptar acuerdos en este punto es ilegal y lleva a impugnaciones. Su finalidad es recoger inquietudes y propuestas para futuras juntas.

• No entregar copia del acta a los propietarios: Todos los vecinos tienen derecho a recibir el acta. Omitir esta obligación genera desinformación y desconfianza. La comunicación clara y rápida refuerza la transparencia y los derechos de los propietarios.

• Improvisar la gestión económica: La aprobación de cuentas y presupuestos exige documentación clara. La falta de planificación económica provoca desequilibrios y decisiones erróneas. El Administrador colegiado aporta rigor, previsión y transparencia financiera.